La negacion de la tortura

Carlo Frabetti

La tortura, la más repugnante forma de represión y de abuso de poder, es obviamente incompatible con el Estado de derecho, y por eso en las seudodemocracias al uso su práctica sistemática nunca es reconocida. Pero negar la evidencia de la tortura es cada vez más difícil. Cada vez requiere mayor cinismo por parte del poder y mayor necedad por parte de quienes se creen sus mentiras y omisiones, pues el conocimiento de los hechos objetivos --los obstinados hechos-- está, cada vez más, al alcance de cualquiera que tenga acceso a un ordenador. Hoy día, negar la tortura es como negar el Holocausto: requiere el mismo grado de obcecación o perversidad.

Hace tan solo una década, para comprobar que la tortura es una práctica sistemática e impune (lo que equivale a decir que es una estrategia política), había que emprender una difícil labor de investigación. Pero en la actualidad las evidencias son tan abrumadoras como fácilmente accesibles, y negarse a verlas o a sacar las conclusiones pertinentes equivale a ser cómplice de la mayor de las infamias. Basta con entrar en la página web de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (www.prevenciontortura.org), que incluye a más de cuarenta organizaciones de todo el Estado español (asociaciones pro derechos humanos, cristianos de base, familiares de presos, etc.), para, a partir de ahí, realizar una búsqueda tan sencilla como esclarecedora. Basta con preguntarse por qué la Guardia Civil y el Ministerio del Interior no salen al paso de acusaciones tan graves y notorias como las formuladas por Anika Gil en La pelota vasca (un documental exhibido en los cines comerciales y visto por cientos de miles de espectadores) para comprender que solo hay una respuesta posible. Basta con leer los informes de organizaciones tan poco sospechosas de radicalismo como Amnistía Internacional o la propia ONU para darse cuenta de que algo huele a podrido en nuestra supuesta democracia.

Por eso en un futuro inmediato asistiremos, con respecto a la tortura, a un cambio de estrategia. Cuando ya no sea posible negarla --y ya no lo es--, se intentará minimizarla. No es casual que en los últimos tiempos empiecen a verse en la televisión ignominiosas escenas de malos tratos grabadas por las cámaras instaladas en comisarías y cuartelillos, y tampoco es casual que algunos casos de corrupción y abusos policiales sean aireados insistentemente por los medios de comunicación. Cuando los síntomas ya no pueden ocultarse, se intenta falsear el diagnóstico. Ahora pretenderán hacernos creer que los casos de brutalidad policial son aisladas excepciones que confirman la regla democrática, y que la ley los persigue con el mayor rigor.

Ahora que la negación ya no es posible, los cuatro poderes (el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el mediático) intentarán relativizar la tortura y los malos tratos centrando la atención en algunos casos cuidadosamente elegidos, con la esperanza de que los árboles nos impidan ver el bosque. Pero no lo conseguirán: se puede engañar una vez a todo el mundo y todas las veces a una persona; pero no se puede engañar todas las veces a todo el mundo. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas acusaciones no desmentidas, demasiadas imágenes tan imborrables como la del rostro desfigurado de Unai Romano, demasiados testimonios tan estremecedores como el de Amaia Urizar, violada por un guardia civil con una pistola. Y hoy, gracias a Internet, articular en un cuadro coherente y significativo los datos que el poder intenta dispersar está al alcance de cualquiera. Cualquier texto de denuncia puede convertirse en un hipertexto, y este mismo artículo se ramifica en los que cito a continuación, que a su vez remiten a otras fuentes a las que se puede acceder sin más que pulsar una tecla. Para no enterarse de lo que sucede, ya no basta con mirar hacia otro lado: hay que taparse los ojos y las orejas, como los monos de Confucio. Y hay que taparse la boca con ambas manos para no gritar pidiendo la cabeza de los culpables.


martes, 15 de julio de 2008

Torturadores de altos vuelos

Ésta es realidad de la impunidad de la que gozan los torturadores en el Estado español: no sólo no reciben el castigo que se demanda insistentemente, sino que son ascendidos y ensalzados
Xabier Makazaga del TAT (Boltxe) [14.07.2008 22:52]

Los altos honores con los que acaba de ser enterrado uno de los torturadores de Joxe Arregi, el comisario Juan Antonio Gil Rubiales, han vuelto a dejar en evidencia cuál es la triste y cruel realidad de la tortura en el Estado español.


Una realidad que no sólo ha quedado reflejada en el descarado caso de dicho torturador sino en el de absolutamente todos los policías encausados en su día por torturarlo hasta la muerte, pues todos ellos han ocupado u ocupan cargos de alta responsabilidad tras aquel horrible crimen. Cuando Joxe Arregi fue ingresado, el 13 de febrero de 1981, en la Prisión-Hospital de Carabanchel estaba reventado. Sólo logró sobrevivir unas horas, y la filtración de las fotos de su autopsia sobrecogió a la opinión pública internacional, quedando Euskal Herria absolutamente paralizada por una huelga general.


Debido al inmenso escándalo, las autoridades españolas no tuvieron otro remedio que ordenar abrir diligencias, y aunque se demostró que los policías implicados en las torturas fueron al menos 73, tan sólo encausaron a cinco: Juan Antonio Gil Rubiales, Julián Marín Ríos, Juan Luís Méndez, Juan Antonio González García, y Ricardo Sánchez. Los nombres de los 68 restantes no fueron dados a conocer.


A pesar de tal manga ancha, los responsables policiales presentaron masivamente la dimisión de sus cargos, en una operación concertada de protesta, y la jerarquía del Ejército también presionó cuanto pudo, con lo que consiguieron que sólo los dos primeros fueran procesados. Y seguro que siguieron presionando pues ambos fueron absueltos en los dos primeros juicios.


Finalmente, casi nueve años después de los hechos, el Tribunal Supremo se vio obligado a condenarlos, al ser irrebatible que las quemaduras en las plantas de los pies le fueron causadas en comisaría. Eso sí, la pena fue, como en todos los casos similares, totalmente irrisoria y no supuso obstáculo alguno para que ambos alcanzaran años después el máximo cargo en la escala policial: el de comisarios principales.


Y eso que el torturador recientemente muerto y enterrado con todos los honores, Gil Rubiales, fue sorprendido en Iruñea, junto a otros o­nce policías de paisano, cuando golpeaban con cadenas y bates de béisbol a los manifestantes que mostraban en 1985 su indignación tras la aparición del cadáver de otro torturado hasta la muerte, Mikel Zabalza.


El segundo condenado, Julián Marín, está destinado desde hace años como Agregado de Interior en la embajada de Quito, en Ecuador, donde fueron salvajemente torturados por policías españoles los refugiados Angel Aldana y Alfonso Etxegarai. Allí estuvo también huido uno de los inculpados por la muerte de Santi Brouard, el narcotraficante Luís Morcillo, que utilizó para ello, según declaró ante el juez el periodista Manuel Cerdán, un pasaporte facilitado precisamente por el Ministerio del Interior español.


Los otros tres policías inicialmente encausados también escalaron rápidamente en el escalafón: Juan Luís Méndez, ya comisario en 1988, era Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid en el 94, y las carreras policiales de los dos restantes han estado siempre muy unidas ocupando ambos cargos muy importantes.


Cuando Juan Antonio González García dirigía, a mediados de los 90, la Brigada Central de Policía Judicial, Ricardo Sánchez era inspector-jefe de la misma y cuando el Gobierno socialista lo ascendió en 2004 a un puesto de capital importancia, la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial, nombró de inmediato al segundo como responsable de una unidad especial creada por él mismo para la resolución de desapariciones de origen criminal.


Luego, de los cinco policías encausados por aquel horrible crimen no hay tan solo uno que no haya ocupado con posterioridad puestos de alta responsabilidad en la Policía española. Y si ése es el caso de los cinco mencionados, ¿quién puede pensar que no haya pasado otro tanto con los restantes 68 policías, cuyos nombres se desconoce?


Ésta es la triste y cruel realidad de la descarada impunidad de la que gozan los torturadores en el Estado español: no sólo no reciben en absoluto el castigo que demandan insistentemente todos los organismos internacionales, sino que son ascendidos hasta el máximo grado en el escalafón, condecorados una y otra vez, ensalzados como ejemplo a seguir… y enterrados con todos los honores.



¡¿Hasta cuándo?!



Xabier Makazaga miembro de Torturaren Aurkako Taldea



viernes, 11 de julio de 2008

Honores para el torturador, olvido para la víctima


Enterrado con honores oficiales uno de los policías que torturaron a Joxe Arregi

Mientras que el torturador condenado es «honrado y condecorado», la víctima del martirio no cuenta con una plaza en su nombre. VER VÍDEO CASO JOXE ARREGI >>>
Kaos. Euskal Herria y DDHH (Gara) [10.07.2008 09:11]

Juan Antonio Gil Rubiales murió el lunes cuando se encontraba en su despacho. Había llegado a ser comisario provincial de la Policía española en Santa Cruz de Tenerife.

El comisario Juan Antonio Gil Rubiales, condenado en uno de los casos de torturas que más ha sacudido a la sociedad vasca, el que acabó con la vida de Joxe Arregi, falleció el lunes, y ha sido enterrado, con todos los honores, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras que el torturador condenado es «honrado y condecorado», la víctima del martirio no cuenta con una plaza en su nombre. Así lo decidió, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Zizurkil, gobernado por el PNV tras excluir a la izquierda abertzale de la pugna electoral.

Una guardia de honor formada por miembros de la Policía española, Guardia Civil y de la Unidad de Intervención Policial, permaneció formada ante el féretro durante toda la celebración del entierro de Gil Rubiales. A la cita no faltaron autoridades civiles y militares, entre los que se encontraban alcaldes de diferentes localidades de la isla y una nutrida representación de la Zona Militar de Canarias. Los sacerdotes, que celebraron la homilía, ensalzaron, incluso, la «entrega y amor» por su profesión del fallecido.

Una «entrega», que tal y como sentenció el Tribunal Supremo en octubre de 1989, conllevó malos tratos y torturas contra los detenidos, con la muerte del zizurkildarra Joxe Arregi como máximo exponente.

El día 13 de febrero de 1981 Arregi, que contaba entonces con 30 años, fue arrestado en Madrid por la Policía española y en virtud de la leyes «antiterroristas», permaneció nueve días en régimen de incomunicación. El noveno día, cuando fue trasladado a prisión, su cuerpo estaba reventado por completo. Las autoridades penitenciarias, atemorizadas por el aspecto que presentaba, dieron órdenes inmediatas de ingresarlo en la Prisión-Hospital de Carabanchel. De acuerdo con lo que declaró luego un alto cargo del Ministerio de Justicia, cuyo titular era entonces Fernández Ordoñez, «Arregi llegó a Carabanchel destrozado».

Tres presos políticos, encarcelados en el mismo hospital, manifestaron que su estado era lamentable. «Sus párpados estaban totalmente amoratados, tenía un gran derrame en el ojo derecho, las manos hinchadas y los pies quemados» detallaron, recordando al tiempo las palabras de Arregi: «Oso latza izan da». Arregi les relató lo acaecido días antes: «Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes». Su cuerpo era un amasijo de llagas, moratones y quemaduras. Su estado era de tal gravedad que sólo logró sobrevivir unas horas.

Años más tarde, se hizo público un peculiar libro de memorias bajo el título "Yo maté a un etarra". El escrito, firmado por un comisario de Policía, que oculta su nombre tras el seudónimo de «Daniel Abad», narra aquellos hechos con fragmentos como este: «Los policías se comportaron en aquella ocasión como una genuina manada de lobos rivalizando por un trofeo. Finalmente concluyeron su disputa descuartizando a su víctima».

Nueve años después de los hechos y tras dos sentencias absolutorias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo español condenó a Julián Marín y Juan Antonio Gil Rubiales a tres meses de arresto y tres y dos años, respectivamente, de suspensión de empleo y sueldo. La sentencia no se ejecutó de inmediato y el entonces ministro de Interior José Barrionuevo y su mano derecha Rafael Vera tuvieron especial mimo a la hora de proteger a sus funcionarios. Y Gil continuó ascendiendo en el particular ranking de la Policía española.

Juan Antonio Gil Rubiales ingresó en la Policía en 1971 y permaneció destinado en las Comisarías de Donostia, Madrid e Iruñea hasta el año 1993, en que fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria como Jefe de la Xª Unidad de Intervención Policial (UIP). En 2005 llegó a asumir la responsabilidad de la Comisaría Provincial. Durante su trayectoria le ofrecieron «méritos» como la Medalla de Plata al Mérito Policial, un año después de la muerte de Arregi, o el de Caballero Legionario de Honor.

Las declaraciones realizadas por el propio Gil en setiembre de 2007, en las que ensalzaba la labor represiva de la Policía, no parece que tengan cabida ningún tipo de remordimiento ante sus acciones. Apuntó que esa función es necesaria «en cuanto se aplica a quienes violan la Ley y no respetan los valores democráticos y constitucionales».


«Siempre será la plaza de Arregi»

La muerte de uno de los torturadores de Joxe Arregi y su consiguiente entierro, ha vuelto a hacer revivir aquellos acontecimientos de 1981. Además, ha coincidido en el tiempo, con la retirada del monolito edificado en recuerdo del militante vasco.

El pasado 14 de abril, el Consistorio de Zizurkil aprobó la moción que acordaba retirar los nombres de Joxe Arregi y Joselu Geresta, Ttotto, de dos plazas de la localidad. El Pleno se llevó a cabo a apuerta cerrada y custodiado por decenas de ertzainas pertrechados con material antidisturbio. La moción, que fue impulsada por el PNV, partido que dirige el Ayuntamiento tras la exclusión de la la izquierda abertzale, suscitó malestar entre los vecinos. Un malestar que se hizo presente de nuevo ayer.

Mikel Arrastoa, ex-alcalde y cabeza de lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones, declaró a GARA que el entierro rendido a Gil Rubiales pone de manifiesto «el Estado de derecho al que nos someten»; «un Estado que rinde homenaje a torturadores y humilla a sus víctimas» sentenció. Recordó también lo acaecido en abril, cuando el PNV «se apresuró, sin esperar al procedimiento», y ordenó retirar el nombre de las plazas.

Arrastoa, al hilo de la última decisión judicial sobre los nombres de plazas y calles, aseguró que volverán al Ayuntamiento para dar una salida a este conflicto.

Sin embargo, destacó que «pase lo pase, para los zizurkildarras siempre serán las plazas de Ttotto y Arregi».





Para más información: LEER ARTÍCULO EN CANARIAS-SEMANAL.COM
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jueves, 10 de julio de 2008

Denuncian torturas en la comisaría de Hortaleza

Siete agentes de la Policía Nacional han sido imputados por golpear a dos jóvenes el año pasado. Recientemente otros vecinos han denunciado públicamente golpes y vejaciones policiales.

Periodico diagonal
En la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Hortaleza, en el noreste de Madrid, hay un cuarto de torturas, una sala sin videovigilancia donde los detenidos son golpeados. Es lo que se deduce de los testimonios de Germán Peña, Eduardo Gómez, Hugo López y Óscar Díaz, que denunciaron públicamente en los micrófonos de Radio Enlace, radio comunitaria del barrio, haber sido maltratados física y psicológicamente por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Estos casos, que coinciden en numerosos detalles y que han sido denunciados judicialmente, se produjeron tras una detención violenta y arbitraria.

Germán y Eduardo fueron detenidos la noche del 27 de enero de 2007 cuando dos agentes sorprendieron a este último orinando en la calle. “Nos llevaron al coche esposados y cogidos por los testículos a pesar de que no opusimos resistencia. La gente que estaba por allí también fue amenazada por la policía, una amiga intentó hacer fotos con el móvil y un agente le obligó a guardarlo porque de lo contrario le aseguró que se lo estamparía”. Así recuerda Germán los momentos previos al traslado a comisaría acusados de agresión y resistencia a la autoridad. Allí serían golpeados en una sala que define como “el Guantánamo de Hortaleza, donde no hay cámaras y te zurran todos. Después de que nos pegasen, cuando abrimos los ojos vimos que la sala estaba llena de sangre. Un policía avisó que llegaba el Samur y otro se puso a fregar. La sala la tienen completamente alicatada para limpiarla cuanto antes y no dejar rastro”.

Los dos jóvenes permanecieron retenidos e incomunicados durante varias horas. Ambos presentaban diversas lesiones. Germán necesitó asistencia médica urgente al sufrir fisura de tibia y daños en los ligamentos cruzados de la rodilla. Ante la repercusión de este caso de torturas, el pasado 27 de febrero, el comisario jefe de Hortaleza dio a conocer en la Junta de Distrito la versión policial de los hechos. Aseguró que durante la detención de ambos jóvenes en comisaría se “cumplió rigurosamente la normativa establecida”. Sin embargo, el juez que investiga el caso ha considerado veraces los testimonios de los agredidos y solicitó el testimonio en el juzgado de siete policías a los que imputó un delito de torturas.

Pese a ello los métodos de los agentes de esa comisaría no parecen haber variado. En las últimas semanas se han producido dos nuevos casos de maltratos. Óscar Díaz, que paradójicamente es policía municipal, ha denunciado que en la noche del 24 de abril, tras exigirle la documentación, fue agredido por dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano cuando regresaba de cenar con unos amigos. Luego fue trasladado a comisaría donde permaneció detenido varias horas y fue nuevamente golpeado. “Moralmente te destruyen, te anulan como persona, es lo más duro aparte de la agresión. Te traumatiza de tal manera que dejas de ser una persona libre para sentirte constantemente acorralado”, declaró Óscar, que está en tratamiento psiquiátrico. Ha sido denunciado por resistencia a la autoridad. Unas semanas después, el 1 de junio, Hugo López regresaba conduciendo a su domicilio, muy próximo a la comisaría de Hortaleza, cuando atravesó un paso de cebra sin percatarse de la presencia de dos individuos dispuestos a cruzar que se lo reprocharon. Hugo contestó con vehemencia. Eran dos policías ‘secretas’ que, ofendidos, le persiguieron y le sacaron violentamente del vehículo.

“Como te vuelvas a pasar un paso de cebra te vamos a pegar dos tiros”, espetó uno de los agentes antes de trasladarle a la comisaría. Hugo también sufrió golpes y amenazas en la sala alicatada, y tras pasar algunas horas en el calabozo quedó en libertad con contusiones, cervicalgia y una denuncia por conducción temeraria. Por si fuera poco no ha recuperado unas gafas valoradas en más de 100 euros que desaparecieron de su vehículo tras el registro policial.

Desalojo de parque a golpes
Sin embargo en Hortaleza, no sólo policías nacionales recurren a la violencia indiscriminada. Según denuncian los vecinos, el 9 de junio de 2007 decenas de agentes de la policía municipal adelantaron el fin de las fiestas de Hortaleza desalojando a la fuerza a los cientos de vecinos que se encontraban en el parque Pinar del Rey, provocando además varios heridos. La policía había acudido para resolver una pequeña reyerta en el auditorio del distrito, pero acabó vaciando el concurrido parque en apenas unos minutos. Antonio Perales, máximo responsable de la policía municipal de Hortaleza, justificó la desproporcionada intervención afirmando que en la reyerta “había 5.000 personas organizadas y armadas con puños americanos, bates de béisbol, katanas, navajas y estiletes”. Añadió que la policía “no llegó a cargar, sino que contuvo la agresión”, y que si no “hubiera ardido el auditorio”.

http://diagonalperiodico.net/spip.php?article6294
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jueves, 3 de julio de 2008

Sin avances en la prevención de la tortura

El Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes es un instrumento impulsado por la ONU como mecanismo de prevención y de vigilancia directa sobre la tortura. Dicho Protocolo, que debe sumarse a otros ya existentes, establece una novedad sin precedentes : la obligación, en cada Estado que lo suscriba, de crear unos Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT) independientes de los tres poderes y que, bajo el amparo de la ONU, puedan entrar en cualquier centro de privación de libertad –cárceles, centros de detención, comisarías…– para desvelar las vulneraciones de la Convención contra la Tortura que se constaten. Este Protocolo, que fue ratificado por el Estado español en abril de 2006 –lo que según el Ministro de Asuntos Exteriores “sitúa a nuestro país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y, en particular, de la lucha contra la tortura”–, debió haber entrado en vigor el 22 de junio de 2007. Sin embargo, un año después, los Mecanismos, verdadera novedad del Protocolo, siguen sin crearse.

Los MNPT deberían cumplir unos principios mínimos, entre ellos los de participación de la sociedad civil y transparencia. En este sentido desde octubre de 2006 hasta ahora se han producido reuniones entre diversas organizaciones de DD HH, entre ellas la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), y la Administración, tras las que se ha constatado una total ausencia de acuerdos.

En el último encuentro, el pasado 11 de junio, los representantes de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores manifestaron que se había producido un proceso de “diagnóstico”, no de “diálogo”, e informaron de la existencia de un borrador de Proyecto de Ley para la creación del MNPT que, próximamente, será presentado a las cámaras para su debate y aprobación. Parece que el Gobierno da por finalizado el proceso previo a la puesta en marcha de los Mecanismos y la participación de la sociedad civil.

Si analizamos las reuniones y encuentros citados, que hubieron de mantenerse en la “confidencialidad” –es decir, en secreto– por exigencias de la Administración, mucho me temo que, efectivamente, no ha existido tal “diálogo”, lo que hubiera incluido una participación real de las organizaciones de DD HH y de la sociedad civil y, en su lugar, se ha utilizado estas reuniones para cumplir las exigencias formales de transparencia en su implementación. La CPT ha denunciado (www.prevenciontortura. org) reiteradamente que la ratificación de tratados y protocolos a nivel internacional es una baza para verse legitimado ante el resto de los Estados. En efecto, el Estado español ha firmado y ratificado el Protocolo Facultativo, mostrando una voluntad de cara a la comunidad internacional… Pero para el diseño y puesta en marcha de esos MNPT, esta voluntad no se ha confirmado a nivel doméstico.


Jorge del Cura, Miembro del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid.



Entrevista // Theo Van Boven, ex relator especial para la tortura de la ONU


“La opinión oficial no es favorable a reforzar las garantías para evitar la tortura”

Alvar Chalmeta / Redacción

Theo van Boven, jurista holandés de 72 años, fue Relator Especial para la Tortura de la ONU hasta 2004. Invitado por el Gobierno del PP, visitó el Estado español en octubre de 2003. Su informe, presentado cuatro meses después ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no fue bien recibido. Cuando van Boven procedió a su lectura, el representante del Estado español abandonó la sala. Previamente José María Aznar había llamado personalmente al jefe de Gobierno holandés para exigirle explicaciones. Ahora ha vuelto a visitar el Estado invitado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

DIAGONAL : En el Informe 2004 sobre la tortura en el Estado español, redactado por usted, había recomendaciones concretas. ¿Se han aplicado ?

THEO VAN BOVEN : No. Sólo se ha aplicado una de ellas, la que no era muy controvertida, la firma y la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU. Un llamamiento a firmar un documento, en sí mismo, no es polémico. Las autoridades españolas han rechazado o ignorado todo mi informe, incluidas, claro, sus conclusiones y las recomendaciones.

Respecto a este protocolo facultativo, España ya lo ha firmado pero falta el último paso : ratificarlo, y espero que lo haga pronto. Sólo hay 16 países que lo han ratificado. En esta visita, me han dicho que lo van a hacer próximamente. No sé qué significa esto. Me hablaron de semanas, para marzo. Pero ya veremos. En términos más amplios, la opinión oficial no es favorable a reforzar las garantías para evitar la tortura. La versión oficial es que las leyes y las medidas adoptadas son suficientes. Hay también una opinión generalizada en España de que no hay problema, de que no existe por lo que no es necesario tomar medidas. La sociedad se niega a aceptar que en un Estado democrático persistan estas prácticas. En general me he encontrado con un clima de silencio.

No es un problema que suscite gran atención, salvo para algunas ONG y algunos sectores de la población en el País Vasco. Si al menos se admitiera que hay ciertas prácticas de tortura y malos tratos, sería otra cosa.

D. : La reacción del Gobierno anterior del PP contra su informe fue muy virulenta, ¿tiene la sensación de que el nuevo Gobierno ha reaccionado de forma diferente ?

T.v.B. : Creo que el actual Gobierno tiene un acercamiento más moderado, un poco más abierto. Se han prestado a un cierto diálogo con los representantes de la ONU y de otras organizaciones, pero por el momento, en sustancia, en el fondo, la opinión de las actuales autoridades no difiere mucho de las del anterior Gobierno. Es sobre todo un cambio de clima, de actitud general. Por el momento se presta a dialogar pero tampoco se aceptan las recomendaciones de mi informe. También ha tomado distancias.

D. : ¿Cuál ha sido su valoración del papel de los medios de comunicación y del tratamiento de sus visitas ?

T.v.B. : Sobre su actitud antes de mi visita no tengo muchos elementos de juicio. Sólo leí un artículo que sostenía que el objetivo de mi presencia era confirmar que la tortura no existía, que las denuncias y los informes eran falsos. Ya me estaban anunciando el resultado de mi investigación antes de mi llegada. Era sin duda también la opinión del Gobierno, porque éste me invitó sobre la base de esa misma idea. Vamos, que ése fue el objetivo de su invitación : confirmar la inexistencia de la tortura. Llegué a otra conclusión en base a numerosas entrevistas con testigos y víctimas y a otros informes internacionales muy rigurosos y fiables. Sin embargo, la publicación de mi informe, con conclusiones diferentes a las esperadas, no sacudió a la sociedad española. Si estoy bien informado, sólo se publicó, se subrayó, de forma muy selectiva, ciertas partes relativas al terrorismo de ETA. Porque en el informe fui tan duro con ETA como con el Estado.

En general, la prensa, en lo referente a la tortura, fue muy modesta. Había cierto temor a que la publicación de los detalles del informe y sus recomendaciones no fuera bien recibida. Eso y que incluso algunos periódicos en el País Vasco hayan sido clausurados es malo. En principio, cerrar un periódico es negativo para la libertad de expresión. Y, en mi opinión, el papel de la prensa es muy importante para poder identificar las violaciones de los derechos humanos y la tortura. Estoy muy decepcionado por esta actitud.

D. : ¿Cómo calificaría y describiría la práctica de la tortura en el Estado español ?

T.v.B. : En las conclusiones de mi informe recogía que su práctica no era sistemática pero que no se trataba sólo de unos casos aislados o de comportamientos individuales. Puede que haya en todos sitios casos aislados, pero aquí hay un cierto procedimiento, un mecanismo que aunque no es sistemático tampoco es excepcional. Definí su práctica como “más que esporádica”. Y mantengo esta opinión. Respecto a las personas que la sufren, depende mucho. Las víctimas son sobre todo personas sospechosas de crímenes de terrorismo, pero hay también, por supuesto, malos tratos a los inmigrantes o denuncias contra la policía por abusos contra gitanos... Son situaciones diferentes, pero en lo que concierne a las personas detenidas en el marco de la lucha contra el terrorismo, no sólo el de ETA sino también el de al-Qaeda, (mi investigación la hice antes de marzo de 2004, antes de los atentados de Madrid, así que nos concentramos en el terrorismo vasco) hay un cierto procedimiento. Empieza tras el arresto, con la conducción inmediata a Madrid. Los primeros días son siempre el período más difícil y crucial para el detenido, particularmente en el período de aislamiento, de detención incomunicada. En cuanto se ha conseguido lo que se buscaba con estos interrogatorios y el sospecho ha firmado una confesión empieza otra fase, que es menos brutal.

El sistema de incomunicación casi total -porque no llega a ser total- y la prolongación de ésta conllevan un alto peligro de tortura para los detenidos y, si no hay garantías de asistencia legal, garantías de que los interrogatorios sean grabados en vídeo, los riesgos son mayores. Hay que acabar con la práctica del aislamiento. Pero mientras se mantenga, hay que introducir e insistir en unas mínimas garantías. La grabación en vídeo efectiva del interrogatorio, un contacto directo con abogados de confianza, con miembros de la familia y un examen médico muy profundo son necesarios. Y por el momento no se ha avanzado mucho.

En el País Vasco, se ha definido un cierto protocolo policial pero que todavía no está bien aplicado. Se han tomado ciertas medidas para reforzar las garantías, pero por el momento siguen sin ser nada satisfactorias.



“El gran problema es la impunidad”
D. : ¿Cuál es el fallo de la estructura del Estado que permite que las fuerzas de seguridad torturen ? T.v.B. : El gran problema es la impunidad, cuando se puede recurrir a estas prácticas sin riesgo y sin temor de una investigación seria. Pero no es sólo un problema en España, es también un fenómeno en el resto del mundo : las denuncias de torturas no son investigadas de forma eficaz. En España, incluso el señor Gil Robles, comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, admite eso en su último informe. También afirma que existen los medios para una investigación por parte del sistema judicial, pero que no se ponen en marcha. Si la realiza la misma agencia, el mismo organismo que ha violentado los derechos humanos, no basta. Es necesaria siempre una instancia independiente para hacer la investigación. No se insiste en ese mecanismo de investigación eficaz y ese es el gran problema. Entonces se puede torturar sin ser castigado y hay impunidad. Y la Convención Internacional contra la Tortura exige que las denuncias sean inmediatamente investigadas, que se establezca la culpabilidad de sus autores, que sean perseguidos en un procedimiento criminal.



http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article411




Documental australiano en el que se entrevista a Theo Van Boven sobre la situación en España, galardonado con el premio Un Media Peace Award por la asociación cooperante de la ONU en dicho país:


"The Spanish Inquisition", UN Media Peace Award - Best Television Documentary