El comisario Juan Antonio Gil Rubiales, condenado en uno de los casos de torturas que más ha sacudido a la sociedad vasca, el que acabó con la vida de Joxe Arregi, falleció el lunes, y ha sido enterrado, con todos los honores, en Santa Cruz de Tenerife. Mientras que el torturador condenado es «honrado y condecorado», la víctima del martirio no cuenta con una plaza en su nombre. Así lo decidió, el pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Zizurkil, gobernado por el PNV tras excluir a la izquierda abertzale de la pugna electoral.

Una guardia de honor formada por miembros de la Policía española, Guardia Civil y de la Unidad de Intervención Policial, permaneció formada ante el féretro durante toda la celebración del entierro de Gil Rubiales. A la cita no faltaron autoridades civiles y militares, entre los que se encontraban alcaldes de diferentes localidades de la isla y una nutrida representación de la Zona Militar de Canarias. Los sacerdotes, que celebraron la homilía, ensalzaron, incluso, la «entrega y amor» por su profesión del fallecido.

Una «entrega», que tal y como sentenció el Tribunal Supremo en octubre de 1989, conllevó malos tratos y torturas contra los detenidos, con la muerte del zizurkildarra Joxe Arregi como máximo exponente.

El día 13 de febrero de 1981 Arregi, que contaba entonces con 30 años, fue arrestado en Madrid por la Policía española y en virtud de la leyes «antiterroristas», permaneció nueve días en régimen de incomunicación. El noveno día, cuando fue trasladado a prisión, su cuerpo estaba reventado por completo. Las autoridades penitenciarias, atemorizadas por el aspecto que presentaba, dieron órdenes inmediatas de ingresarlo en la Prisión-Hospital de Carabanchel. De acuerdo con lo que declaró luego un alto cargo del Ministerio de Justicia, cuyo titular era entonces Fernández Ordoñez, «Arregi llegó a Carabanchel destrozado».

Tres presos políticos, encarcelados en el mismo hospital, manifestaron que su estado era lamentable. «Sus párpados estaban totalmente amoratados, tenía un gran derrame en el ojo derecho, las manos hinchadas y los pies quemados» detallaron, recordando al tiempo las palabras de Arregi: «Oso latza izan da». Arregi les relató lo acaecido días antes: «Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes». Su cuerpo era un amasijo de llagas, moratones y quemaduras. Su estado era de tal gravedad que sólo logró sobrevivir unas horas.

Años más tarde, se hizo público un peculiar libro de memorias bajo el título "Yo maté a un etarra". El escrito, firmado por un comisario de Policía, que oculta su nombre tras el seudónimo de «Daniel Abad», narra aquellos hechos con fragmentos como este: «Los policías se comportaron en aquella ocasión como una genuina manada de lobos rivalizando por un trofeo. Finalmente concluyeron su disputa descuartizando a su víctima».

Nueve años después de los hechos y tras dos sentencias absolutorias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo español condenó a Julián Marín y Juan Antonio Gil Rubiales a tres meses de arresto y tres y dos años, respectivamente, de suspensión de empleo y sueldo. La sentencia no se ejecutó de inmediato y el entonces ministro de Interior José Barrionuevo y su mano derecha Rafael Vera tuvieron especial mimo a la hora de proteger a sus funcionarios. Y Gil continuó ascendiendo en el particular ranking de la Policía española.

Juan Antonio Gil Rubiales ingresó en la Policía en 1971 y permaneció destinado en las Comisarías de Donostia, Madrid e Iruñea hasta el año 1993, en que fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria como Jefe de la Xª Unidad de Intervención Policial (UIP). En 2005 llegó a asumir la responsabilidad de la Comisaría Provincial. Durante su trayectoria le ofrecieron «méritos» como la Medalla de Plata al Mérito Policial, un año después de la muerte de Arregi, o el de Caballero Legionario de Honor.

Las declaraciones realizadas por el propio Gil en setiembre de 2007, en las que ensalzaba la labor represiva de la Policía, no parece que tengan cabida ningún tipo de remordimiento ante sus acciones. Apuntó que esa función es necesaria «en cuanto se aplica a quienes violan la Ley y no respetan los valores democráticos y constitucionales».

«Siempre será la plaza de Arregi»

La muerte de uno de los torturadores de Joxe Arregi y su consiguiente entierro, ha vuelto a hacer revivir aquellos acontecimientos de 1981. Además, ha coincidido en el tiempo, con la retirada del monolito edificado en recuerdo del militante vasco.

El pasado 14 de abril, el Consistorio de Zizurkil aprobó la moción que acordaba retirar los nombres de Joxe Arregi y Joselu Geresta, Ttotto, de dos plazas de la localidad. El Pleno se llevó a cabo a apuerta cerrada y custodiado por decenas de ertzainas pertrechados con material antidisturbio. La moción, que fue impulsada por el PNV, partido que dirige el Ayuntamiento tras la exclusión de la la izquierda abertzale, suscitó malestar entre los vecinos. Un malestar que se hizo presente de nuevo ayer.

Mikel Arrastoa, ex-alcalde y cabeza de lista de la izquierda abertzale en las últimas elecciones, declaró a GARA que el entierro rendido a Gil Rubiales pone de manifiesto «el Estado de derecho al que nos someten»; «un Estado que rinde homenaje a torturadores y humilla a sus víctimas» sentenció. Recordó también lo acaecido en abril, cuando el PNV «se apresuró, sin esperar al procedimiento», y ordenó retirar el nombre de las plazas.

Arrastoa, al hilo de la última decisión judicial sobre los nombres de plazas y calles, aseguró que volverán al Ayuntamiento para dar una salida a este conflicto.

Sin embargo, destacó que «pase lo pase, para los zizurkildarras siempre serán las plazas de Ttotto y Arregi».

Germán y Eduardo fueron detenidos la noche del 27 de enero de 2007 cuando dos agentes sorprendieron a este último orinando en la calle. “Nos llevaron al coche esposados y cogidos por los testículos a pesar de que no opusimos resistencia. La gente que estaba por allí también fue amenazada por la policía, una amiga intentó hacer fotos con el móvil y un agente le obligó a guardarlo porque de lo contrario le aseguró que se lo estamparía”. Así recuerda Germán los momentos previos al traslado a comisaría acusados de agresión y resistencia a la autoridad. Allí serían golpeados en una sala que define como “el Guantánamo de Hortaleza, donde no hay cámaras y te zurran todos. Después de que nos pegasen, cuando abrimos los ojos vimos que la sala estaba llena de sangre. Un policía avisó que llegaba el Samur y otro se puso a fregar. La sala la tienen completamente alicatada para limpiarla cuanto antes y no dejar rastro”.

Los dos jóvenes permanecieron retenidos e incomunicados durante varias horas. Ambos presentaban diversas lesiones. Germán necesitó asistencia médica urgente al sufrir fisura de tibia y daños en los ligamentos cruzados de la rodilla. Ante la repercusión de este caso de torturas, el pasado 27 de febrero, el comisario jefe de Hortaleza dio a conocer en la Junta de Distrito la versión policial de los hechos. Aseguró que durante la detención de ambos jóvenes en comisaría se “cumplió rigurosamente la normativa establecida”. Sin embargo, el juez que investiga el caso ha considerado veraces los testimonios de los agredidos y solicitó el testimonio en el juzgado de siete policías a los que imputó un delito de torturas.

Pese a ello los métodos de los agentes de esa comisaría no parecen haber variado. En las últimas semanas se han producido dos nuevos casos de maltratos. Óscar Díaz, que paradójicamente es policía municipal, ha denunciado que en la noche del 24 de abril, tras exigirle la documentación, fue agredido por dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano cuando regresaba de cenar con unos amigos. Luego fue trasladado a comisaría donde permaneció detenido varias horas y fue nuevamente golpeado. “Moralmente te destruyen, te anulan como persona, es lo más duro aparte de la agresión. Te traumatiza de tal manera que dejas de ser una persona libre para sentirte constantemente acorralado”, declaró Óscar, que está en tratamiento psiquiátrico. Ha sido denunciado por resistencia a la autoridad. Unas semanas después, el 1 de junio, Hugo López regresaba conduciendo a su domicilio, muy próximo a la comisaría de Hortaleza, cuando atravesó un paso de cebra sin percatarse de la presencia de dos individuos dispuestos a cruzar que se lo reprocharon. Hugo contestó con vehemencia. Eran dos policías ‘secretas’ que, ofendidos, le persiguieron y le sacaron violentamente del vehículo.

“Como te vuelvas a pasar un paso de cebra te vamos a pegar dos tiros”, espetó uno de los agentes antes de trasladarle a la comisaría. Hugo también sufrió golpes y amenazas en la sala alicatada, y tras pasar algunas horas en el calabozo quedó en libertad con contusiones, cervicalgia y una denuncia por conducción temeraria. Por si fuera poco no ha recuperado unas gafas valoradas en más de 100 euros que desaparecieron de su vehículo tras el registro policial.

Desalojo de parque a golpes
Sin embargo en Hortaleza, no sólo policías nacionales recurren a la violencia indiscriminada. Según denuncian los vecinos, el 9 de junio de 2007 decenas de agentes de la policía municipal adelantaron el fin de las fiestas de Hortaleza desalojando a la fuerza a los cientos de vecinos que se encontraban en el parque Pinar del Rey, provocando además varios heridos. La policía había acudido para resolver una pequeña reyerta en el auditorio del distrito, pero acabó vaciando el concurrido parque en apenas unos minutos. Antonio Perales, máximo responsable de la policía municipal de Hortaleza, justificó la desproporcionada intervención afirmando que en la reyerta “había 5.000 personas organizadas y armadas con puños americanos, bates de béisbol, katanas, navajas y estiletes”. Añadió que la policía “no llegó a cargar, sino que contuvo la agresión”, y que si no “hubiera ardido el auditorio”.